Caso "Automotores Orletti". El primer pedido de extradición contra militares uruguayos fue realizado en 1985 desde Argentina.
El proceso contra el prófugo capitán de navío Jorge Tróccoli en un tribunal de Roma, Italia, se constituye en el primer caso de un militar uruguayo que podría ser enjuiciado en el exterior por crímenes contra la humanidad y el segundo en el que oficiales de las fuerzas armadas de Uruguay deben enfrentar a un juez en el extranjero.
Tróccoli es acusado por el fiscal Giancarlo Capaldo como uno de los protagonistas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocida como "Plan Cóndor" en la que dos decenas de descendientes de italianos fueron asesinados o desaparecidos durante los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Antes que Tróccoli, también fueron encausados judicialmente los militares Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, quienes terminaron extraditados a Chile donde desde hace dos años enfrentan a la Justicia por el asesinato del bioquímico Eugenio Berríos, a quien custodiaron durante su secuestro en Uruguay.
Pero las requisitorias de la justicia internacional contra los militares orientales, denunciados como criminales de lesa humanidad, se inició mucho antes, desde los años ochenta cuando Argentina recuperó su institucionalidad y la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep) confirmó la responsabilidad de varios oficiales uruguayos.
El primer pedido de extradición contra militares uruguayos fue realizado en 1985 por el juez federal argentino Juan José Galeano, en el marco de la causa "Rodríguez Larreta, Enrique c/ Videla, Jorge Rafael y otros", como se caratuló la denuncia del periodista sobreviviente en 1976 del centro de torturas "Automotores Orletti" de Buenos Aires.
La patota de la OCOA
Galeano pidió entonces la detención internacional de los militares uruguayos Manuel Cordero, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, José Arab y del policía Ricardo Medina, pero el presidente argentino Carlos Menem evitó el proceso al ampararlos en un decreto de indulto.
Esa causa fue derivada luego al juez Canicoba Corral, quien como el juez Adolfo Bagnasco, propició ante la Suprema Corte de Justicia argentina la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, como de los decretos de indulto aprobados en forma inconstitucional durante el gobierno de Menem.
La banda de militares uruguayos que protagonizó la llamada "patota de la OCOA" (por la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas) y cometió múltiples crímenes de lesa humanidad y delitos económicos en Buenos Aires, volvió a ser requerida por la Justicia argentina en 2005 por el juez Guillermo Montenegro actuante en la causa Cóndor.
A ese pedido de extradición se sumaron luego otras dos solicitudes, por parte del juez Daniel Rafecas, que instruía el caso "Vaello, Orestes s/privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado" en el que se indagó el Pozo Orletti, y del juez Norberto Oyarbide, quien actúa en los casos de niños desaparecidos durante las dictaduras.
En la actualidad Montenegro, Rafecas y Oyarbide compiten con el juez penal uruguayo Luis Charles en el reclamo de extradición sobre el coronel (r) Manuel Cordero, apresado en Porto Alegre en 2005, quien permanece preso en la Brigada Militar de Santana do Livramento a la espera de una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Más militares extraditables
Rafecas también ha solicitado a Uruguay la extradición del brigadier aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez, coordinador del llamado "segundo vuelo" de Orletti en el que en octubre de 1976 se repatrió ilegalmente a Montevideo a 22 exiliados que habían sido secuestrados en Buenos Aires y terminan siendo ejecutados y desaparecidos en Uruguay.
Junto a Araújo Umpiérrez, que es el único de los militares detenido que se mantiene encarcelado en la base aérea de Boiso Lanza bajo custodia de la Fuerza Aérea, Rafecas también requirió al soldado Ernesto "Drácula" Soca, quien también se mantiene bajo prisión administrativa en la unidad carcelaria creada para los militares.
También se encuentra en proceso de extradición el coronel Carlos Calcagno, solicitado por el juez paraguayo Gustavo Santander quien también indaga los crímenes del Plan Cóndor en los que el militar requerido está comprometido en los Archivos del Terror por el secuestro en Asunción de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.
Calcagno está preso en la cárcel de la calle Domingo Arenas, donde comparte celda con el dictador Gregorio Alvarez, los oficiales José Gavazzo, Luis Maurente, Jorge Silveira y Juan Larcebeau, los ex militares Ricardo Arab y Gilberto Vázquez, el soldado Soca y los policías Ricardo Medina y José Sande. Ernesto Ramas está en el Hospital Militar. La mayoría de estos procesados por violaciones a los derechos humanos, también fueron en su momento señalados por el juez español Baltasar Garzón, quien en su instrucción de los crímenes contra descendientes ibéricos en el Plan Cóndor, encarceló al torturador argentino Adolfo Scilingo y detuvo temporalmente en Londres a Augusto Pinochet.
La República
27/12/07
Tróccoli es acusado por el fiscal Giancarlo Capaldo como uno de los protagonistas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocida como "Plan Cóndor" en la que dos decenas de descendientes de italianos fueron asesinados o desaparecidos durante los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Antes que Tróccoli, también fueron encausados judicialmente los militares Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, quienes terminaron extraditados a Chile donde desde hace dos años enfrentan a la Justicia por el asesinato del bioquímico Eugenio Berríos, a quien custodiaron durante su secuestro en Uruguay.
Pero las requisitorias de la justicia internacional contra los militares orientales, denunciados como criminales de lesa humanidad, se inició mucho antes, desde los años ochenta cuando Argentina recuperó su institucionalidad y la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep) confirmó la responsabilidad de varios oficiales uruguayos.
El primer pedido de extradición contra militares uruguayos fue realizado en 1985 por el juez federal argentino Juan José Galeano, en el marco de la causa "Rodríguez Larreta, Enrique c/ Videla, Jorge Rafael y otros", como se caratuló la denuncia del periodista sobreviviente en 1976 del centro de torturas "Automotores Orletti" de Buenos Aires.
La patota de la OCOA
Galeano pidió entonces la detención internacional de los militares uruguayos Manuel Cordero, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, José Arab y del policía Ricardo Medina, pero el presidente argentino Carlos Menem evitó el proceso al ampararlos en un decreto de indulto.
Esa causa fue derivada luego al juez Canicoba Corral, quien como el juez Adolfo Bagnasco, propició ante la Suprema Corte de Justicia argentina la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, como de los decretos de indulto aprobados en forma inconstitucional durante el gobierno de Menem.
La banda de militares uruguayos que protagonizó la llamada "patota de la OCOA" (por la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas) y cometió múltiples crímenes de lesa humanidad y delitos económicos en Buenos Aires, volvió a ser requerida por la Justicia argentina en 2005 por el juez Guillermo Montenegro actuante en la causa Cóndor.
A ese pedido de extradición se sumaron luego otras dos solicitudes, por parte del juez Daniel Rafecas, que instruía el caso "Vaello, Orestes s/privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado" en el que se indagó el Pozo Orletti, y del juez Norberto Oyarbide, quien actúa en los casos de niños desaparecidos durante las dictaduras.
En la actualidad Montenegro, Rafecas y Oyarbide compiten con el juez penal uruguayo Luis Charles en el reclamo de extradición sobre el coronel (r) Manuel Cordero, apresado en Porto Alegre en 2005, quien permanece preso en la Brigada Militar de Santana do Livramento a la espera de una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Más militares extraditables
Rafecas también ha solicitado a Uruguay la extradición del brigadier aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez, coordinador del llamado "segundo vuelo" de Orletti en el que en octubre de 1976 se repatrió ilegalmente a Montevideo a 22 exiliados que habían sido secuestrados en Buenos Aires y terminan siendo ejecutados y desaparecidos en Uruguay.
Junto a Araújo Umpiérrez, que es el único de los militares detenido que se mantiene encarcelado en la base aérea de Boiso Lanza bajo custodia de la Fuerza Aérea, Rafecas también requirió al soldado Ernesto "Drácula" Soca, quien también se mantiene bajo prisión administrativa en la unidad carcelaria creada para los militares.
También se encuentra en proceso de extradición el coronel Carlos Calcagno, solicitado por el juez paraguayo Gustavo Santander quien también indaga los crímenes del Plan Cóndor en los que el militar requerido está comprometido en los Archivos del Terror por el secuestro en Asunción de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.
Calcagno está preso en la cárcel de la calle Domingo Arenas, donde comparte celda con el dictador Gregorio Alvarez, los oficiales José Gavazzo, Luis Maurente, Jorge Silveira y Juan Larcebeau, los ex militares Ricardo Arab y Gilberto Vázquez, el soldado Soca y los policías Ricardo Medina y José Sande. Ernesto Ramas está en el Hospital Militar. La mayoría de estos procesados por violaciones a los derechos humanos, también fueron en su momento señalados por el juez español Baltasar Garzón, quien en su instrucción de los crímenes contra descendientes ibéricos en el Plan Cóndor, encarceló al torturador argentino Adolfo Scilingo y detuvo temporalmente en Londres a Augusto Pinochet.
La República
27/12/07
No hay comentarios.:
Publicar un comentario