Carta de una persona objeto de tortura

Carta abierta frente al informe entregado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Soy María Doris Cifuentes Casali, una más de las personas que fuera objeto de torturas durante el régimen militar.

Antes que nada, quiero dejar en claro que no quise presentar mi testimonio pues mi objetivo no es ser reconocida como víctima de la represión por la CNPPT, ni menos aún recibir una "reparación" material de parte del gobierno.

Fui secuestrada el 18 de Abril de 1985, en la ciudad de Viña del Mar, cuando volvía de la ciudad de San Felipe, por un comando integrado por miembros de las FFAA que se autodenominó ACHA (acción chilena anticomunista).

Como tantas otras personas fui secuestrada en la vía pública, sometida a diversos tipos de tortura fisica y sicológica, no entre "cuatro paredes", sino en un vehículo y al "aire libre". Entre ellas: falso fusilamiento; intentos de arrojarme fuera del vehículo en marcha; violación e intento de introducirme una estaca en la vagina; intento de quemarme con cigarrillos luego de haber sido completamente rociada con pintura de auto; puntapiés en varias zonas del cuerpo, amenazas de muerte y amedrentamientos... Después de algunas horas, fui abandonada por mis captores a mi suerte en medio del campo, en la cercanía de un gran basural de la V Región. Pienso que el haber quedado con vida se debió, en gran parte, a mi actitud rebelde, digna y decidida frente a la situación que se me intentaba imponer, y que ella fue la que puso en jaque a mis captores, los hizo titubear e impidió algunos de sus ignominiosos intentos de destruírme como persona.

Sin embargo, a pesar de que toda forma de tortura es reconocida y condenada por el Derecho Internacional, casos como el mío fueron excluídos por la Comisión al no estar "de acuerdo a la definición establecida en el mandato de ésta". Este hecho manifiesta que la CNPPT -aunque fuera creada para analizar casos de prisión política y tortura- fundamentó al respecto juicios y estableció restricciones inaceptables e ilegítimas. ¿Es que el hecho de haber sido torturada en medio del campo, sin testigos y no entre las cuatro paredes de algún recinto especialmente habilitado para este efecto significa no haber sido torturada?

Durante los años de régimen militar, todos los poderes e instituciones del estado, y no solamente las FFAA, fueron activos partícipes de una u otra forma en la represión. Este hecho justifica una investigación mucho mas seria y profunda -que la realizada por la Comisión- de las sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo cometidas durante ese período, que de cuenta de ésta realidad.

No podemos olvidar, ni hacer vista gorda que el golpe militar y su posterior régimen, fue una política global elaborada y planificada por nuestro poderoso vecino del norte: los Estados Unidos, bajo el concepto de su Doctrina de Seguridad Nacional; el gran capital internacional y la clase empresarial nacional, utilizándose como instrumento para ello a las FFAA entrenadas en la Escuela de las Américas. Esto constituyó la más flagrante violación a los derechos fundamentales de nuestro pueblo, conculcándose todos sus derechos y libertades y sometiéndolo a una brutal represión que buscó, en un primer momento desarticular sus organizaciones y posteriormente impedir la rearticulación, creación y fortalecimiento de otras, para imponernos el modelo neoliberal, el mismo que continúa oprimiéndonos hoy día.

Así como la comisión Rettig en su época, la CNPPT no busca entonces ni la investigación ni la reparación de fondo ante dichas violaciones.

El gobierno, arrogándose hablar en nombre de todos los chilenos y en aras de la reconciliación y la paz nacional, ofrece una reparación material por las torturas y el encarcelamiento de algunos miles de chilenos, que sólo representan una parte de quienes vivieron realmente esta situación. El gobierno busca así cerrar este capítulo de la historia de Chile.

En ningún caso, esta "reparación" va a significar que el problema de violaciones a los derechos fundamentales de nuestro pueblo quede zanjado, superado y menos aun cerrado.

Frente a esta situación me pregunto:
¿Quiénes se arrogan el derecho a juzgar que la tortura es digna de ser considerada para el informe en algunos casos y en otros no?
¿Quiénes se permiten ofrecer dinero a cambio de sufrimientos?
¿Vale la pena humillar aún más a estas personas, ofreciendo unos cuantos pesos a cambio, sabiendo que muchas de ellas viven en una situación económica precaria debido a la represión vivida?
Respecto a esta reparación material, tan cacareada... ¿ Es que el dinero podría de alguna manera borrar, subsanar o reparar el sufrimiento de estos miles de familias en nuestro país? ¿Acaso 112.000 pesos, a cambio de las vidas truncadas, de la exclusión de la sociedad y de la vida laboral, de miles de personas van a reparar el daño que se ha ocasionado?
Por supuesto que no. Lo único que podría reparar en alguna medida todo este sufrimiento, sería la Justicia. El saber que quienes causaron estos dolores, sin tener ningún derecho de hacerlo, han sido condenados.

Mi objetivo no es cuestionar a quienes han acudido a la Comisión esperando ver aliviado en algo su problema económico, ni tampoco a quienes creen que ello significará un paso adelante en el ejercicio de la justicia, ni incluso a quienes creen ver en parte compensado el esfuerzo realizado y los sufrimientos padecidos.
Mi objetivo es cuestionar al gobierno chileno por ofrecer dinero a cambio de las vidas entregadas, de los ideales pisoteados, del amor derramado... por miles y miles de personas que osaron resistir y rebelarse frente a la injusta situación que se nos impuso por la fuerza.

¿Porqué no avanzar en este capítulo de nuestra historia comprometiéndose a entregar abiertamente al pueblo chileno lo investigado? ¿Porqué no mediante el ejercicio de la justicia y la condena a las instituciones responsables y a los ejecutores materiales y a sus ideólogos? ¿Porqué tendríamos que "conformarnos" con los nuevos llamados a la reconciliación nacional? ¿Con quiénes "tendríamos" que reconciliarnos si ninguno de los responsables directos se ha "arrepentido" de los actos cometidos?
¿A quiénes "tendríamos" que perdonar si nadie nos ha pedido perdón?

Las FFAA como institución, las siniestras organizaciones de asesinos y torturadores de nuestro pueblo, nacidas y alimentadas principalmente por miembros de éstas, no tienen ni una migaja de la dignidad que hemos demostrado quienes por amor hemos entregado en muchos casos hasta la vida y en otros, lo mejor de nosotros mismos.
Ellas, que se sienten aún todopoderosas, no se han visto aún confrontadas a la necesidad de confesar sus crímenes ni de entregar información sobre la verdad de los hechos cometidos, pues siguen amparadas por las instituciones del estado chileno y su constitución política.

Escribo esta carta para expresar que me dignifica el no tener cabida en el informe de la CNPPT. Y aunque no hubiera sido este el caso, no me vendería ante la represión vivida. No, soy mucho más digna que eso: no necesito someterme ante nadie, vivo la libertad que sólo vivimos quienes tenemos la conciencia tranquila, que es mucho tener...

Escribo esta carta porque una vez más, veo con tristeza y dolor que se intenta engañar a nuestro pueblo; que quienes tienen una pequeñísima parte de poder, se ven obligados a negociar y recortar el dolor vivido por otros, para intentar poner punto final a esta situación que se arrastra hace ya 14 años; porque son presionados, por aquellos que realmente sustentan el poder, a hacer una mascarada de reparación frente a un "problema" que ya dura demasiado y que genera diversos inconvenientes económico-políticos a nivel internacional.

En tanto no se entreguen antecedentes concretos sobre lo sucedido a todos los detenidos-desaparecidos, ejecutados, asesinados; en tanto no se libere a todos los Prisioneros Políticos actualmente encarcelados; en tanto los represores y sus cómplices civiles y militares no sean juzgados ni condenados, mientras el pueblo chileno no conozca la Verdad, nada se puede "reparar", "completar", "reconciliar", ni "pacificar".

Sin Justicia ni Verdad, no habrá paz en nuestra sociedad, no hay punto final posible.

María Doris Cifuentes Casali