16/11/08

Del primer Congreso del Pueblo al segundo

Este repartido constituye una introducción a las resoluciones del Congreso del Pueblo de agosto de 1965. El esfuerzo de transcribir y editar dichas resoluciones se fundamenta en la búsqueda y las frustraciones cosechadas en tal proceso por el pueblo uruguayo para articular un programa.



Es así que conjuntamente con el movimiento obrero, las organizaciones sociales, las no gubernamentales defensoras de múltiples derechos (ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y/o culturales), sindicales y gremiales, barriales, departamentales, los ciudadanos del campo y la ciudad, los movimientos que se oponen a las discriminaciones (raciales, de género o identidad sexual, etc.); en fin, los esperanzados de siempre, los que rescatamos la solidaridad, el trabajo, el socialismo como proyecto de vida y de lucha para la construcción de una sociedad más justa y solidaria apoyamos la convocatoria del PIT-CNT de un 2º Congreso del Pueblo. Para tal cosa, las reflexiones y propuestas del evento histórico del 1er. Congreso cobran especial importancia. Es una parte esencial de nuestra memoria.

Comúnmente, cuando alguien refiere al pasado y busca retomar ideas de allí para contrastar su contemporaneidad y su posible proyección, es factible chocar contra argumentos que apuntan los cambios sucedidos y la no correspondencia de las viejas ideas para los nuevos procesos económicos y políticos. Sin embargo, es harto difícil encontrar la tipificación de esos cambios, de forma que ellos terminen fundamentando la improcedencia de las “viejas” ideas.

Marx ([1851-2] 1983, p.1), parafraseando a Hegel, sostenía que “los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces...” Más adelante: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.

Sin duda, las circunstancias en que se dio el Congreso del Pueblo en la década de los sesenta no son las mismas que limitan nuestro arbitrio hoy día, no obstante, muchas de las cuestiones convocantes de voluntades entorno a cambios estructurales se mantienen, e incluso, se han agravado en las largas cuatro décadas que nos separan de tal evento histórico.

El primer Congreso del Pueblo llevado a cabo en 1965 tenía como coreografía una profunda crisis, sus manifestaciones más notorias eran el estancamiento económico y un proceso inflacionario sostenido. Estancamiento que tuvo en su centro el final de una economía rentista de exportación basada en la renta internacional del suelo (apropiada dominantemente por condiciones naturales excepcionales para la ganadería extensiva) y un proceso inflacionario que fue la condición para ampliar los márgenes de ganancia dada las condiciones restrictivas de demanda externa y el aumento de la competencia para nuestros productos básicos de exportación.

Ya en el quinquenio 1955-59 el crecimiento económico fue negativo y comenzó allí un largo período de ostracismo que ya suma cinco décadas sin un período sostenido de crecimiento. La inflación fue también en ascenso y se debió a una profunda puja distributiva entre el capital y el trabajo y que terminaron re-posicionando al primero con un brutal aumento de la tasa de explotación explicada por la pérdida salarial que comienza a tomar cuerpo basada en el autoritarismo político y el uso irrestricto de la coacción física directa sobre los trabajadores.

Esta crisis fue la preocupación central de la convocatoria del Congreso del Pueblo, crisis que golpeaba los salarios por la vía de los sucesivos aumentos de precios. Dicho proceso inflacionario, como nos enseñaron los viejos estructuralistas (Noyola Vázquez y Aníbal Pinto, entre otros), se explicaba por la puja distributiva desatada entre las estrategias capitalistas para apropiarse de una parte mayor de la plusvalía producida. Estas estrategias fueron detalladas por el Instituto de Economía en su trabajo clásico (IE, 1971, pp.264-265).

Los capitalistas identificados por el Instituto de Economía como clases o fracciones de clases en puja eran: los ganaderos, los exportadores, los banqueros, los importadores que venden al consumo doméstico, las empresas privadas de servicios públicos y los grupos asalariados.

Los ganaderos demoraban sus ventas (retención) y accedían a créditos subsidiados, pero además evadían impuestos y concentraban la tierra y la producción (latifundios); los exportadores, quienes compartían las estrategias anteriores, pero mentían en las declaraciones de valores de sus ventas y sumaban deudas con el Estado desde tiempos inmemoriales, las exportaciones también se concentraban en filiales extranjeras.

Los banqueros, por su parte, presionaban sobre el tipo de cambio, reforzando su posición de moneda extranjera abastecida por el mercado oficial, reducían voluntariamente las ventas de divisas, operaban desvíos de operaciones hacia instituciones colaterales no reguladas, incumplían normas sobre encajes y tasas de interés, se beneficiaban de subsidios estatales y recibían intereses por sus encajes, accedían al crédito internacional, y operaban con gran concentración en pocas instituciones privadas.

Los importadores vinculados al mercado interno compartían estrategias de crédito de los exportadores y evasiones, adelantaban sus importaciones a tipo de cambio oficial, también hacían falsas declaraciones, y formaban monopolios y oligopolios que permitían fijar precios en un ambiente no regulado.

Las empresas privadas que cumplían servicios públicos, compartían las ventajas de los créditos públicos (que no pagaban), exención de gravámenes, adelantos de importaciones a tipo de cambio oficial, fijación de precios aunque el Estado regulaba algunos precios de empresas marginales.

En contrapartida, se tejía una sistemática pérdida de poder de compra de las grandes mayorías nacionales, fueran éstos asalariados, jubilados, que sólo contaban como estrategia de lucha tradicionales de la clase obrera (i.e. huelgas, paros, manifestaciones, etc.).

Con este material Ud. podrá juzgar y preguntarse: ¿estamos actualmente en un proceso comparable?; la inflación actual, que se dice vulgarmente que es de costos, ¿de qué dependen esos costos?, ¿no tiene que ver con estrategias del estilo anterior? Y, sus efectos inmediatos, siguen deprimiendo el poder de compra pero también las esperanzas del pueblo todo.

Para la salida de la crisis se promovía un cambio estructural, mucho estudio llevado a cabo por “el pueblo organizado”. Proponía para ello, muy en el tapete actualmente, una reestructuración de la Administración Pública, pero para que llevara adelante el programa del pueblo, es decir los objetivos estratégicos definidos en un “organismo de planeación general” integrado por los gremios y el Estado. Así se pensaba poner la economía al servicio de la gente, quién osaría discrepar con objetivos tales como que “la totalidad de población alcance niveles de vida que incluye mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que garantice adecuado bienestar en la vejez” (CP, p.1).

Las propuestas de reformas estructurales que plantea el primer Congreso del Pueblo y que ponemos a vuestra disposición son: la Agraria, la Industrial, del Comercio Exterior, de las Inversiones Públicas, la Reforma Tributaria, la Crediticia y Bancaria, la Urbana, del Transporte y la que apunta a fomentar el sistema Cooperativo.

Después de los años 60 coexisten cambios estructurales profundos a nivel institucional que socavan la fuerza relativa del movimiento popular que, en dicho tiempo, era capaz de generar un diagnóstico y una estrategia de acción como la que presentamos aquí. Los trabajadores vendieron cara la derrota y fue “la razón de las armas” que se impuso. Imponer una nueva distribución del ingreso, donde los trabajadores, generadores de la riqueza, fueron relegados brutalmente del “reparto de la torta”.

La dictadura impulsó una inserción industrial-exportadora que terminó frustrándose también por sus mismas contradicciones internas. El modelo de inserción se concentró en los bienes no tradicionales, pero también recostados en la explícita protección estatal y el activismo que demandó la caída de los costos productivos. El costo productivo que más decayó fue el de la fuerza de trabajo que, por un lado significó una transferencia de valor que financió la reestructuración exportadora, pero por otro terminó quitándole la viabilidad política y la estabilidad social de largo plazo a dicho proyecto, más allá de lo que fuera el autoritarismo político que lo hizo operativo.

La reestructuración exportadora no dependía para su viabilidad económica de la represión y de la baja de salarios ya que la rentabilidad venía asegurada por otros parámetros. Las condiciones subjetivas de la lucha de clases permitieron .bajo el implacable celo de las armas. aumentar la ganancia capitalista y terminaron corroyendo las mismas bases de su expansión. Esta frustración tiene como corolario la crisis de deuda de 1982 y, contra todos los pronósticos, la salida de la crisis tiene lugar con una profundización de la filosofía y los instrumentos de política económica que ya habían sido probados en el período 1974-83. De aquí, que no debería sorprender que la posterior crisis de 2002 tenga un desenlace muy parecido a la anterior.

Después de la crisis del 82 y con la recuperación de la democracia se potencian las políticas que luego se popularizaran bajo el mote de Consenso de Washington y que fueron llevadas a la práctica por la “condicionalidad estructural” de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs)) y la adopción a-crítica de las mismas por los gobiernos de turno. En esta fase la contradicción es puramente económica y el mercado dirige las principales decisiones económicas en desmedro de los consumidores en general y, en particular, los sectores sociales más endebles. El Estado, por su parte, garantiza la operación de los mecanismos mercantiles y se retira de las actividades productivas de la economía y también de las responsabilidades sociales. Mediante la acefalía de regulación política con que opera la economía se expanden los espacios de la acumulación privada y aumenta la especulación financiera.

La liberalización económica y apertura externa irrestricta aumentan la vulnerabilidad del país a la vez que cuestiona la existencia de buena parte de la industria nacional que no tiene condiciones de competitividad, ya sea por los obstáculos internos (tamaño, financiamiento, etc.) o por la productividad de las empresas extranjeras que ganan participación en el mercado nacional.

En 1965 el Congreso sintetizaba la situación de entonces. Y hacía pie, en primer lugar en la situación de la agropecuaria nacional. Vale la pena tratar de hacer alguna comparación con la situación actual. Dice el documento:

“III) ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacrificios frente a la crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas de tierra. Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.

Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.”

Pero hoy, la situación ha cambiado, se nos dice. Ciertamente. En primer lugar, ya no hay más de 75.000 productores, como había en aquella época. Hoy sólo quedan, según el censo del 2000, apenas 57.000. Y, para equiparar los números, 4 empresas extranjeras forestales tienen más tierra que 30.000 pequeños productores. La población agrícola ha bajado desde entonces, de 320 a 190 mil personas (Censo Agropecuario de 1970). La cantidad de trabajadores rurales ha descendido de 181 a 157 mil. En el mismo lapso, como contrapartida, los “asentamientos irregulares”, eufemismo técnico para denominar los entonces “Cantegriles” se han multiplicado.

Todo lo anterior ocurre mientras la producción agraria crece como nunca. Más de la mitad de las 400 mil hectáreas de soja la plantan 54 empresas, que usan maquinaria de avanzada, mientras se “comen” los predios pequeños que producen la horticultura nacional.

La concentración del ingreso se ha acentuado notablemente, primero con la redefinición del valor de la fuerza de trabajo que operó la dictadura y, posteriormente, con las políticas restrictivas que se apoyaron en el “ancla salarial”. En nuestra “Evolución 2006” publicamos la serie de evolución del salario real desde 1969, en 2006 era más o menos la mitad del existente en 1969. La tasa de desempleo, por su parte, se ubicaba entonces en el entorno del 6%, hoy, y cambios metodológicos mediante, está en el 10-11%.

Las políticas económica implementadas y profundizadas, comenzando por la famosa “Ley de Reforma Montetaria y Cambiaria” de Azzini en 1959, las “reformas” aperturistas llevadas adelante por la dictadura y las estrategias neoconservadoras de (lo que luego se apodara) Consenso de Washington adoptadas por los gobiernos democráticos desde 1985 (incluido el actual), nos han conducido a este marasmo social en que nos encontramos.

Varios ejes guían la discusión económica, pero casi todos rescatan argumentos en abstracto que nadie se digna probar y que apuntan a la impotencia para lograr los cambios. Las reformas económicas y las políticas implementadas no fueron lo suficientemente profundas por lo cual no dieron los resultados esperados; o el mundo ha cambiado, la globalización ha cercenado los márgenes de maniobra son cuasi consensos en la Academia Económica y de la Impotencia Política.

Otra versión opuesta comienza a tejerse en los rincones de la sociedad, y nosotros la suscribimos. Lo que sucede en materia social y económica, particularmente: el drama del más de 30% de la población que vive en la pobreza; la exclusión social; los bajos salarios; el deterioro de los niveles culturales; el fraccionamiento de Montevideo por la Avenida Bulevar Artigas; la coexistencia de dos países netamente distintos; uno de ellos socialmente integrado que vive al ritmo del consumo desarrollado y otro que pugna por no caer en la exclusión y la marginación; se deben a la aplicación de esta línea de política económica y sólo podrá ser revertida por un cambio profundo de dicha orientación que ponga en el centro los objetivos nacionales y populares.

Leyendo el documento que estamos presentando vemos cómo el pasado puede a veces iluminar el porvenir. Sin duda, luego de dos años largos de gobierno progresista no se divisan ninguna de las reformas planteadas en el Congreso del Pueblo, cuando muchas de ellas estaban en espíritu en el Programa del FA y mantienen los nombres como la Reforma Tributaria. Con las resoluciones que ponemos a disposición podrá Ud. juzgar, si las Reformas del Congreso del Pueblo no son todavía contemporáneas. El PIT-CNT y muchas organizaciones sociales buscamos abrir la discusión para un 2º Congreso con miras a aggiornar un programa del Pueblo para el Pueblo uruguayo hoy día.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).

No hay comentarios.: