El jurista especializado en derechos humanos e integrante de la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, sostuvo que aplicando el programa del Frente Amplio (FA) se puede declarar la nulidad de la norma. Y recordó a los dirigentes oficialistas que si en esta campaña actúan en contra o se mantienen inactivos, su comportamiento será juzgado en el plebiscito.
—¿Cómo ve la marcha de la campaña para la anulación de la ley de caducidad, a un año de su lanzamiento?
—Se ha avanzado con dificultades organizativas, se ha recogido el respaldo de la gente: toda vez que se va a buscar una firma, se explican las razones jurídicas, políticas y éticas por las cuales se propone la nulidad de la ley, la gente firma.
—¿Cuáles son esas dificultades organizativas?
—Obedecen a las diferencias que surgieron al inicio de la campaña por parte de los sectores políticos. La Coordinadora por la Anulación es un movimiento popular autogestionado, que naturalmente se enfrenta con dificultades organizativas, pero que están siendo superadas. Se han juntado más de 100 mil firmas y en este tramo final se han plegado con mayor protagonismo todas las organizaciones sociales fundacionales de la campaña, pero al mismo tiempo sectores políticos que se han definido orgánicamente por la nulidad de la ley.
Si se definieron orgánicamente tienen la obligación de poner a disposición de la movilización popular toda su estructura partidaria, porque si no, se está decidiendo una cosa y haciendo otra.
—Usted parece estar hablando del fa, en el que el tema tuvo una evolución compleja. Al principio, los sectores que apoyaron la nulidad fueron el Nuevo Espacio, el pvp y el Partido Comunista. Ahora, a influjo de las bases, el Congreso y el Plenario del fa resolvieron sumarse a la campaña, pero en los hechos parece no haber tal apoyo por parte de la dirigencia.
—Las bases se han comprometido y están trabajando muy fuertemente en la recolección de firmas, y también algunos sectores políticos del fa. Pero vemos que aquellos sectores cuyos dirigentes mantenían un silencio reflexivo con relación a este tema, no se han volcado en forma clara a la campaña de recolección de firmas. Lo que está sustentando la campaña es la convicción de las bases…
—… Algunos dirigentes, incluso, han opinado en contra de la campaña.
—Creo que las bases van a terminar volcando la opinión de los dirigentes. A los dirigentes tenemos que recordarles –lo digo como frenteamplista– que si actúan contra las resoluciones del congreso o se mantienen en inacción frente a esas resoluciones, su comportamiento en este tema va a ser plebiscitado junto a las elecciones nacionales.
—¿Usted dice que un resultado adverso del plebiscito implicaría costos políticos para la izquierda?
—Si una fuerza política se vuelca decididamente a una campaña y luego el resultado es adverso, va a pagar el costo político. El tema es que al fa no lo vemos hoy con todas las pilas cargadas, pero los cargadores de baterías están en las bases.
—Entre los promotores de la campaña se entiende que sin apoyo decidido y ostensible del fa, la iniciativa puede fracasar.
—En primer lugar, creo que se consiguen las 250 mil firmas en abril de 2009, y si eso pasa el resultado del plebiscito va a ser a favor de la nulidad de la ley.
Estamos en un momento diferente en la vida política de la sociedad, porque la ciudadanía toma una idea por principios, por valores, e impulsa una movilización política. Entonces, los partidos políticos se tienen que alinear a favor o en contra de ese movimiento, pero la ciudadanía va a actuar independientemente de lo que opinen los partidos.
El centro de gravedad no está en el escritorio sino en la gente, que empezó a entender que la ley de caducidad es una aberración, y que en Uruguay no puede pasar que una ley impida juzgar crímenes de lesa humanidad.
—Aun así, hay caminos más cortos que el poder político no quiso asumir, al menos todavía: por ejemplo, la anulación parlamentaria.
—La nulidad puede ser declarada en el Parlamento, por mayoría simple. Pero el tema no se ha instalado para votarse en el Poder Legislativo.
—Hay otro escenario: una decisión de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que declare inconstitucional la ley y que pueda despertar la acción parlamentaria.
—Sí, me he enterado de que se presentará una acción de inconstitucionalidad a raíz del caso de Nibia Sabalsagaray. La decisión serviría para ese caso concreto, pero sería contundente desde el punto de vista de una valoración jurídica, y llevaría al sistema político y al Parlamento a determinar qué hacer con la ley. Pero no hay necesidad de esperar a esa decisión, porque se sabe claramente que la ley es inconstitucional en tanto establece que el Poder Ejecutivo decide cuestiones que debe resolver el Poder Judicial, y eso viola el principio de separación de poderes. Uno aspira a que el Parlamento, por unanimidad, anule la ley. Aun así, sería bueno que el plebiscito tuviera lugar…
—¿Por qué?
—La ley es nula por sobrados argumentos jurídicos, pero el plebiscito le daría rango constitucional a la anulación, es decir, por encima de las leyes votadas en el Parlamento.
—¿Eso supone zanjar el debate sobre los eventuales efectos jurídicos que algunos juristas y políticos entienden pudo haber generado la ley de caducidad durante su vigencia?
—Con la nulidad de una ley no hay efectos jurídicos que se puedan plantear, porque es una ley que nació nula, por tanto inexistente. Una ley nula no puede generar derechos válidos.
Sería bueno que la Suprema Corte declarara la ley inconstitucional, que el Parlamento la anulara y, para evitar chicanas jurídicas, que la gente con su voto y mediante plebiscito constitucional cerrara las especulaciones.
También está la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligue al Estado uruguayo a anular la ley, en el caso de la desaparición de María Claudia García.*
Además, un juez podría declarar inaplicable la ley de caducidad. Los ciudadanos tienen derecho a que no se limite el derecho a exigir el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. De esa manera, la ley de caducidad ni siquiera requeriría una declaración de inconstitucionalidad o de nulidad para ser desaplicada. En la práctica, el juez de una causa podría desconocer las normas de impunidad de la ley de caducidad por ser absolutamente nulas.**
—¿Usted cree que algún sector de la oposición, sobre todo dentro Partido Nacional, pueda plegarse a votar la anulación en un plebiscito?
—Este es un movimiento que trasciende a los partidos políticos. Han firmado personas de todos los sectores políticos. Al firmar no se les pregunta de qué partido son, pero sabemos fehacientemente, por el conocimiento que tenemos de la gente, que muchas personas del Partido Nacional, e incluso del Partido Colorado, están firmando.
Recordemos que el primer proyecto de nulidad de la ley de caducidad es del Partido Nacional,*** y que sirvió de base técnica para el proyecto que se pretende plebiscitar en las próximas elecciones. Yo no puedo concebir a un Partido Nacional defensor de las libertades y de las leyes que pretenda mantener dentro del ordenamiento jurídico una ley votada bajo presión militar, donde el Estado renunció a juzgar crímenes de lesa humanidad. Creo que desde el Partido Nacional, desde el Partido Independiente, se van a sumar. Tengo mis dudas sobre si algún sector del Partido Colorado lo hará. A pesar de que no firmen, hay que darles tiempo para la hora del plebiscito.
Además de los sectores, desde el punto de vista orgánico los partidos van a tener que alinearse, porque el plebiscito coincide con las elecciones nacionales. ¿Qué candidato a la Presidencia puede decir “Vamos a defender la impunidad para los crímenes de lesa humanidad”?
—Se puede callar o esgrimir otros argumentos.
—Sí, pero acá no habrá zonas grises: o están a favor o en contra del plebiscito. Porque no votar, es votar en contra.
—Al margen de los partidos, ¿eso está claro para la ciudadanía a la hora de enfrentar el plebiscito?
—El derecho es un producto cultural, y hoy es la propia ciudadanía la que está queriendo construir una cultura de respeto integral de los derechos humanos y que no exista impunidad para los crímenes de lesa humanidad. En ese tránsito, declarar la nulidad de la ley mediante iniciativa popular sería un salto cualitativo muy grande para la sociedad uruguaya. Y además es una forma de reparación a toda la sociedad, porque los estándares de reparación integral para graves violaciones de derechos humanos desde el Estado implican que las sociedades se den garantías de no repetirlas, y la forma de llevarlo a cabo es remover los obstáculos jurídicos en relación con los crímenes de lesa humanidad, porque es una forma de asegurar que esos hechos no ocurran más.
—En el fa hay varios dirigentes que alegan la imposibilidad de anular porque en la campaña electoral de 2004 se prometió respetar la ley de caducidad. ¿Cuál argumento opondría usted a esa tesis?
—Que aplicando el programa del Frente no debería existir ninguna duda de que se tendría que declarar nula la ley de caducidad.
—¿Cómo se llegaría a ese punto sin entrar en contradicciones internas?
—En el programa de gobierno el Frente se comprometió a respetar y cumplir todas las normas de derecho internacional de los derechos humanos, todos los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. De acuerdo a los congresos del Frente se decidió avanzar por el cumplimiento del artículo 4 de la ley de caducidad (el que permite investigar). Y esas dos instancias son perfectamente compatibles: cuando se llega a marzo de 2005, se empieza a aplicar el artículo 4 –nadie hablaba de nulidad de la ley– y así se pide a las Fuerzas Armadas los informes sobre desaparecidos. A partir de esos informes, la sociedad uruguaya y el Poder Ejecutivo pueden constatar que lo que existió en Uruguay fueron crímenes de lesa humanidad.
Y allí hay que aplicar el programa del Frente para respetar y cumplir con las convenciones internacionales de los derechos humanos, que indican que en casos de crímenes de lesa humanidad no puede haber obstáculos para su juzgamiento;; entonces, las leyes por las cuales el Estado renuncia a juzgar crímenes de lesa humanidad son nulas e inexistentes. Esa declaración significaría cumplir con la resolución 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
NOTAS
* Si la Comisión Interamericana eleva el caso a la Corte, ésta puede exigir al Estado uruguayo el cumplimiento del informe 29/92, que declara a la ley de caducidad incompatible con las convenciones internacionales de derechos humanos. Según López Goldaracena, la única posibilidad de cumplir con esa exigencia es anular la norma. Los tiempos de proceso de la Corte Interamericana implicarían que su decisión se adoptaría luego del eventual plebiscito de octubre de 2009.
** Esta medida fue solicitada por López Goldaracena ante la jueza Graciela Gatti, en el caso de Ubagesner Chaves Sosa. Aún no hay resolución.
*** Presentado en 1987 por el entonces diputado Alem García y otros legisladores blancos. Proponía la anulación de los artículos 1 a 4 de la ley de caducidad.
Brecha
14/9/08.
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