La credibilidad de Julio María Sanguinetti está en su cota más baja: con un lacónico comunicado, el lunes 13, la Presidencia de la República afirmó que "carecen de total asidero las versiones de prensa que le atribuyen al presidente de la República cualquier gestión ante el presidente argentino o la justicia uruguaya en torno a la situación procesal de militar o guerrillero alguno".
La redacción del comunicado es tan cuidadosa como ambigua: no hay ninguna referencia concreta al objeto del desmentido, ni justificación convincente de la supuesta falsedad. Los hechos revelados son, en cambio, extremadamente puntillosos en los detalles, tanto para poner en una situación incómoda al mandatario uruguayo, como para dejar al desnudo el doble discurso que se deriva de una peculiar "lógica de los hechos".
Durante un año y medio, entre 1987 y 1989, ciertos magistrados argentinos y uruguayos debieron hacerse los "chanchos rengos". Tres militares y un policía uruguayos, procesados en Argentina por los asesinatos y desapariciones de exiliados compatriotas, entre ellos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fueron reclamados formalmente mediante un pedido de extradición, pero el exhorto nunca llegó al despacho de ningún juez uruguayo. Simultáneamente, el pedido de captura de dos dirigentes montoneros, reclamado por la justicia argentina, nunca llegó a las oficinas de Interpol Uruguay.
En el caso de José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida, el pedido de extradición se "perdió" inexplicablemente en la cancillería. Los ministros, primero el contador Enrique Iglesias y después el abogado Luis Barrios Tassano, soportaron estoicamente el doloroso papel de encubridores que les impuso el gobierno, balbuceando excusas inconsistentes. Los jueces uruguayos, a los que se les escamoteaban los papeles, aparentemente no leían los diarios. La prensa dejó de insistir cuando, a fines de 1989, el presidente argentino Carlos Menem decretó un indulto que amparaba, también, a los oficiales uruguayos. El indulto era la prueba de que los comandos uruguayos habían operado en Argentina oficialmente.
De la misma forma, la Policía uruguaya se mostró, a lo largo de 1989, absolutamente ineficaz para ubicar a Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, que vivían en Malvín y en Pocitos, respectivamente. Ambos montoneros entraron en el paquete de indultos y en mayo de 1990 agradecieron personalmente a Sanguinetti por la hospitalidad recibida durante su gobierno.
Desde el procesamiento de Gavazzo y compañía, hasta el indulto de Menem, el "extravío" del pedido de extradición fue considerado como la voluntad del gobierno de Sanguinetti de respetar su compromiso con los militares, aunque para ello debiera apelar a esas triquiñuelas. La reciente aparición del libro El Congreso en la trampa, del periodista argentino Armando Vidal, descubre ahora la vinculación entre los episodios de los militares uruguayos y los montoneros argentinos, y permite acceder a los entretelones de una negociación mucho más comprometedora.
Si el pedido de extradición ponía en jaque el complicado andamiaje de la "caducidad", porque desplomaba la premisa del no castigo y del ocultamiento de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura, la eventual captura de los dirigentes montoneros podía interferir en la alambicada solución de Menem para sus propias tribulaciones, que pretendía atenuar los efectos del perdón a los carapintada golpistas del coronel Mohamed Seineldin, concediendo simultáneamente el indulto a guerrilleros.
Fue en junio de 1989 que el exdiputado justicialista Miguel Unamuno ofició de intermediario de Menem ante Sanguinetti, para plantearle que Uruguay diera refugio a los montoneros hasta que se dictara el indulto. Sanguinetti aceptó, pero reclamó un compromiso de Luis Alberto Lacalle, el principal candidato presidencial del Partido Nacional, para asegurarse de que el compromiso no fuera utilizado en la campaña electoral.
Según el periodista Vidal, años después, siendo embajador argentino en Ecuador, Miguel Unamuno volvió a conversar con Sanguinetti durante una recepción en la embajada en Quito. Sanguinetti le recordó el favor que le había hecho a Menem en 1989 y le explicó:
-Mirá, Miguel, no hay mal que por bien no venga. Y por aquello de que amor con amor se paga, pude pedirle a Menem que incluyera en los indultos a Gavazzo...
La revelación no podía caer en peor momento para el gobierno: el secreto cambio de favores que involucraba una operación encubierta referida nada menos que a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, explota en medio de las actividades por "Verdad, memoria y nunca más", que tienen su centro en la marcha programada para el lunes 20, aniversario de la muerte de los mencionados legisladores.
Sanguineti ha desmentido la versión del pacto; Lacalle, en cambio, dice "no recordar" los planteos formulados por Unamuno. Este, a su vez, ha ratificado a la prensa uruguaya la negociación realizada ante Sanguinetti, aceptando la parte de responsabilidad que le cupo en el pedido de refugio para los montoneros. Pero sobre la contraparte que Sanguinetti le expuso en Quito, el dirigente menemista fue más elusivo: "El diálogo existió", dijo, pero se negó a dar detalles. No se aventuró a desmentirse, pero tampoco quiso arrojar leña a la hoguera en que se inmola, a su pesar, el mandatario uruguayo.
BRECHA
17 de Mayo de 1996
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