6/8/08

Cuando Battle esquivo un pedido internacional

Llega hoy el pedido de arresto para Gavazzo y sus cómplices

Está previsto que hoy llegue a Montevideo el pedido de captura y arresto preventivo librado por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral contra los militares retirados José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y el comisiario Hugo Campos Hermida.

Según confiaron a LA REPUBLICA fuentes judiciales argentinas está previsto que hoy llegue a Montevideo el pedido a Interpol de Uruguay para que arreste de manera preventiva a los cuatros represores, acusados de haber participado en el Plan Cóndor, una operación represiva de los años 70 que implementaron las dictaduras de América del Sur.

Una vez que llegue la orden, Interpol Uruguay debería apresar a los implicados y luego informaría al juez de turno para que éste resuelva sobre el futuro de los militares.

El viernes pasado se informó desde Buenos Aires que --a instancias del fiscal Miguel Osorio-- el juez Canicoba decidió solicitar la prisión preventiva para una posterior extradición de Gavazzo, Cordero, Silveira y Campos Hermida.

La noticia provocó "preocupación", tanto a nivel del gobierno uruguayo como de los propios represores requeridos.

El mismo viernes, y tras arribar a la Base Aérea Nº 1 desde Asunción del Paraguay, el presidente Jorge Batlle dijo desconocer la medida tomada por la Justicia argentina y declinó opinar sobre el tema por esta razón. No obstante, fuentes del Ejecutivo manifestaron su preocupación por el hecho de que esta situación pueda perjudicar el proceso que lleva adelante la Comisión para la Paz.

En tanto, el grupo de militares acusados se siente "vulnerable" y reclama apoyos, según manifestaron fuentes militares cercanas a los implicados.

Tal como informó ayer LA REPUBLICA, los oficiales requeridos han mantenido contactos entre sí analizando la situación. En una reunión realizada la semana pasada --antes del pedido de prisión preventiva-- Gavazzo y Silveira se mostraron decididos a impedir "de todas las maneras posibles" que se concrete su detención.

Según los informantes, Gavazzo, en los contactos que se mantuvieron entre involucrados y sus compañeros de la denominada "Logia del Aquelarre", expresó su decisión de reivindicar su actuación durante la represión y reclamó el respaldo de quienes "fueron camaradas de armas". El militar dijo que le son "indiferentes" las manifestaciones públicas en contra o a favor. "Lo que importa es que no se desate lo que está atado y se cumpla la Ley de Caducidad", dijo.

Por su parte, Cordero es partidario de generar pronunciamientos públicos de respaldo de "figuras representativas" e incluso de sondear la posibilidad de algún pronunciamiento de las instituciones que nuclean a los retirados militares (Centro y Círculo Militar).

Fuentes militares consideraron "muy difícil" que exista un respaldo de estos dos ámbitos. Recordaron que por ejemplo "Silveira es un hombre muy vinculado" al ex comandante en jefe del Ejército, Fernán Amado, quien hoy aparece cuestionado por irregularidades en Caofa y eso debilita su posición en la interna de los retirados militares".

Como también informara LA REPUBLICA las fuentes consideraron "más improbable aún" que haya un pronunciamiento del Ejército como tal, ya que consideraron que los tres represores "están muy desprestigiados".



Los viajes de Cordero
Cordero, según las fuentes es el más perjudicado por la decisión de la Justicia argentina de requerirlo. Aunque no tenga andamiento la detención Cordero ya está perjudicado --indicaron las fuentes--, ya que tiene "negocios" en Buenos Aires y viaja "bastante asiduamente" a la capital argentina. "Eso ya no lo podrá hacer". Las fuentes también indicaron que Cordero viaja con "cierta frecuencia" a la ciudad de Santa María, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil.

"Allí también tiene algunos asuntos", explicaron y recordaron que esta localidad queda muy cerca de Rivera.

Como también informara LA REPUBLICA en su edición de ayer Gavazzo vive en su apartamento de Pocitos en la calle Martí, Cordero reside en la zona de la Costa de Oro, en las inmediaciones de Atlántida y ya no lo hace en la residencia familiar de Malvín; en cuanto a Silveira reside permanente en Rocha, en un paraje apartado entre Castillos y Aguas Dulces, aunque hace varios días que está en Montevideo.


La República
25/06/2001








Batlle se pone fuera de la ley internacional

El Poder Ejecutivo y representantes del Poder Legislativo coincidieron ayer en señalar que la Ley de Caducidad ampara a los cuatro oficiales del Ejército y la Policía que son requeridos por la Justicia argentina por su responsabilidad en la violación de los DDHH durante la dictadura.

Tanto el presidente Jorge Batlle como el vicepresidente Luis Hierro, el subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Borrelli, y el senador colorado Pablo Millor, opinaron que los oficiales no pueden ser juzgados por la Justicia del vecino país.

El viernes, el juez argentino Rodolfo Canicoba solicitó a través de Interpol la prisión preventiva con fines de extradición y la captura internacional para los militares retirados José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y el comisario, también retirado, Hugo Campos Hermida, acusados de haber participado de la Operación Cóndor, plan represivo de las dictaduras sudamericanas.

Durante una visita al departamento de San José, Batlle fue consultado respecto a esta situación.

El mandatario dijo que en su opinión los cuatros oficiales no pueden ser juzgados por estos delitos ya que están comprendidos dentro de la Ley de Caducidad.

"Yo creo que sí (que el caso está contemplado en la ley), dijo Batlle.

No obstante, agregó que analizará el tema con el canciller Didier Opertti una vez que tenga el expediente para tomar una resolución si es que "al gobierno le toca dar una respuesta".

El vicepresidente de la República Luis Hierro recordó que "aquí hubo una ley que no solamente fue votada en su oportunidad por el Parlamento sino que fue luego ratificada por el cuerpo electoral, y sin interferir para nada en lo que diga la Justicia, tengo claro que no procede en los casos de extradición de acuerdo a la legislación uruguaya".

El subsecretario del Interior, Daniel Borrelli, también opinó que la Ley de Caducidad los ampara y por lo tanto no pueden ser juzgados.

"Mi criterio personal es que si esas personas están perseguidas por delitos que la Ley de Caducidad entendió en su momento que la acción punitiva del Estado caducó, realmente están amparadas en esa ley, incluso para delitos cometidos fuera del país", dijo Borrelli a periodistas.

Agregó que la orden de captura aún no llegó al Uruguay, y que una vez que sea recibida se analizará primero si cumple con los requisitos formales.

Una postura similar tuvo el senador del Foro Batllista, Pablo Millor, quien además afirmó que "una extradición no puede llevarse por delante una ley".

La República
26/06/2001

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